El pasado mes de noviembre salió a la luz pública (aunque no tanto como tenía que haber salido) la noticia de una niña de 15 años, detenida y condenada por robo, encarcelada en una cárcel sólo de hombres en Abaetuba (Brasil).
Durante meses, esta niña fue violada y vejada sistemáticamente por los veinte presos de dicha cárcel.
Este hecho ha demostrado, por desgracia, varias cosas, que no es un hecho aislado y que es la punta del iceberg de la situación de vida de los menores en las zonas amazónicas de Brasil (principalmente las niñas) ante la impasibilidad del Gobierno del País y de las Administraciones Locales. Los niños del norte de Brasil son víctimas habituales de palizas por parte de la policía y son detenidos en centros que no salvaguardan sus derechos humanos elementales. Una vez ingresados en los centros de detención de menores, los niños sufren más violencia a manos de sus compañeros.
Peor para las niñas; carecen de atención médica básica y cuentan con menos oportunidades que los muchachos para el ejercicio, las actividades recreativas y de otro tipo. Además, la gobernadora de Pará, Ana Julia Carepa, reconoció que apenas seis de las 132 cárceles estaduales tienen espacios separados para mujeres ya que según el Ministerio de Justicia, las mujeres constituyen sólo el cinco por ciento de la población carcelaria, de las que el 40 por ciento están presas por delitos de narcotráfico y el 21 por ciento por robo.
"El caso expone el hecho de que las mujeres, aunque constituyen una minoría dentro del sistema, continúan sufriendo abusos y violaciones de derechos humanos", dijo Tim Cahill, investigador de Amnistía en Brasil. "Sufren las violaciones que sufren todos los hombres -torturas, pésimas condiciones, corrupción, violencia entre presos- y sufren además violaciones porque carecen de protección por ser mujeres: abuso sexual de guardias y presos, estar en cárceles con hombres, falta de acceso a la salud materna", agregó.
Amnistía recibió diversas denuncias sobre abuso sexual, hacinamientos, torturas y ausencia de condiciones básicas de salud. Cahill recordó su visita en mayo de 2006 a la Colonia Femenina en Recife. "Vimos en esa cárcel situaciones degradantes: bebés de 11 días, muchos de ellos enfermos, sin acceso a medicinas y pañales. Tuvimos denuncias de mujeres que dieron a luz esposadas", ejemplificó el investigador.
El escándalo por el caso de la adolescente abusada sistemáticamente tomó estado público cuando se estaba discutiendo la reducción de la edad de imputabilidad penal. "El hecho de que una joven de 15 años sea detenida, puesta en una celda con hombres adultos, abusada sexualmente durante un mes, torturada sistemáticamente, destruye el concepto que es promovido por personas que luchan por esa reducción", señaló Cahill.
"Bajar la edad de imputabilidad penal no va a reducir la criminalidad. Todo el sistema penitenciario brasileño está brutalizando a los detenidos y generando personas más violentas".
La policía les propina a los niños habitualmente palizas tanto antes como después de la detención. Dichos abusos suelen producirse en las comisarías, en las que, según las leyes brasileñas, los niños pueden estar detenidos hasta cinco días mientras esperan su traslado a un centro de detención de menores. En las áreas rurales, donde se incumple habitualmente el plazo máximo de cinco días de detención en los calabozos policiales, los niños corren un mayor peligro de sufrir malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad.
Una vez transferidos a los centros de detención, suelen sufrir nuevamente la violencia por parte de la policía militar estatal. Esta fuerza – que, a pesar de su nombre, está sometida al control civil – garantiza la seguridad externa de los centros de detención, sofoca los motines y otros disturbios, responde a los intentos de fuga y realiza registros rutinarios de celdas. Son sometidos a palizas, golpeados con cassettes, porras de goma con el interior de metal.
Pero los niños también son víctimas de la violencia a manos de otros menores. Josefina S., detenida en el estado de Amapá, tenía cortes recientes en la cara, el cuello y los brazos que atribuyó a una pelea con otra muchacha. "Me cortó, quería matarme", dijo. "A veces pasa eso". En el estado de Maranhão, un trabajador social del centro no gubernamental para la defensa de la infancia denunció ataques sexuales y otros actos de violencia entre los propios niños.
El maltrato físico no es la única violación de los derechos humanos que sufren los niños detenidos. Al ingresar en un centro de detención, los niños suelen permanecer encerrados en sus celdas durante cinco o más días sin posibilidad de ejercitarse ni de realizar ninguna actividad. El confinamiento en celdas, descrito eufemísticamente como un período de "observación", "evaluación e integración" o, según un centro de detención, "confinamiento terapéutico", pero se utiliza para otra finalidad. Iolanda D. hizo la siguiente descripción de su ingreso en el centro de detención de niñas de Pará: "el primer día que llegué me registraron y me pusieron en confinamiento. Me pasé 18 días encerrada, yo sola. No podía hacer nada. No podía salir. No tenía clases, sólo salía para ver al doctor. Las clases no empezaron hasta después del confinamiento" (la mayoría de los niños detenidos sólo han cursado entre uno y cuatro años de estudios. Muchos de ellos son analfabetos. Sin embargo, muchos niños no reciben instrucción durante la reclusión, en violación de la Constitución brasileña y el derecho internacional).
El confinamiento en las celdas puede causar graves perjuicios al bienestar emocional del niño, especialmente cuando está encerrado o encerrada durante largos períodos. "Para mí, lo peor era estar aislada", dijo Patricia D., describiendo su paso por el centro de detención Aninga del estado de Amapá. "Estaba muy triste. Estuve encerrada mucho tiempo, más de un mes sin salir ni nada… Para mí, eso fue lo peor". Las normas internacionales subrayan la necesidad de los niños de "estímulos sensoriales y posibilidades de asociación con sus compañeros". Los largos períodos de confinamiento en celdas pueden provocar daños psicológicos a los niños, al privarles de la interacción con sus compañeros que necesitan para mantener su bienestar emocional. En algunos casos, particularmente cuando los niños están aislados o confinados en cuartos cerrados durante extensos períodos, el encierro en las celdas puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante, y una violación del derecho internacional.
Y un dato más, el Relator Especial de Derechos Humanos para Ejecuciones Extrajudiciales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Philip Alston mencionó en su informe que se habían producido 61 ejecuciones en las cárceles de Pernambuco durante 10 meses, siendo el 70 por ciento de estos homicidios cometidos por grupos de exterminio integrados por las propias fuerzas policiales.
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